Denuncias y represalias a Comisión de Observadores de Derechos Humanos en Chile

La Comisión de Observadores de la Casa Memoria José Domingo Cañas, amparada bajo la Fundación 1367, quisiera ocupar su tribuna para aclarar y denunciar los siguientes hechos que han venido sucediendo en los últimos días:

 1. Esta Comisión se constituye en el año 2011, durante las movilizaciones estudiantes, en virtud de la excesiva fuerza policial observada. Sin embargo, cuando comenzamos a monitorear al Estado de Chile en aquel contexto nos encontramos, derechamente con tortura. En efecto, así lo hemos venido denunciando hasta el día de hoy, y en esto no estamos solos pues distintas organizaciones públicas y privadas reconocen que en Chile se sigue torturando[1] [2]. De hecho, hemos monitoreado eventos recientes de esta violación a los Derechos Humanos[3].

 2. La Comisión que suscribe se encuentra compuesta por un grupo de profesionales de distintas áreas, serios, metódicos y responsables. En efecto, desde el comienzo de esta agrupación, nos hemos mantenido en el tiempo de manera ininterrumpida. Tenemos reuniones periódicas donde analizamos lo que observamos, diagnosticamos, investigamos y concluimos. De aquellas jornadas de trabajo resultan los informes que hemos realizado.

 3. La materialización de nuestro trabajo, es decir, nuestros informes son publicados en nuestro sitio web[4]. Ellos han sido exhibidos en organizaciones públicas y privadas, incluso hemos asistido a la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados a presentar nuestras aprehensiones sobre el actuar de Carabineros,  también han sido enviados a organismos internacionales. Precisamente del envío de estos informes, han surgidos una serie de reuniones con relatores internacionales, SubComités de Trabajo y con otras organizaciones dedicadas a la materia. Como consecuencia de las denuncias de nuestros informes, en conjunto con las denuncias de otras organizaciones de la sociedad civil encargadas de monitorear los DDHH y de las recomendaciones de otros Estados, Chile ha recibido una serie de exigencias que debe cumplir para elevar el estándar de DDHH. En efecto, nuestra Comisión hoy se encuentra trabajando en una mesa con SEGPRES, junto a otras organizaciones, para efectos de crear indicadores que nos permitan cumplir las exigencias que el Estado de Chile ha recibido.

 4. Desde el 21 de mayo pasado, hemos recibido una serie de acusaciones infundadas. Desde ya, quisiéramos aclarar los siguientes puntos: no somos un grupo de extrema izquierda; no estamos financiados por el comunismo internacional ni recibimos aportes públicos o privados, nos autofinanciamos; no avalamos la violencia ni de encapuchados ni –por supuesto- de Carabineros contra manifestantes; no nos cabe ninguna responsabilidad ni ningún grado de participación en los eventos delictuales del 21 de mayo pasado ni en ninguna manifestación a la que hemos asistido a observar; no somos un órgano del Estado, somos una Organización de la Sociedad Civil; no protegemos a encapuchados ni servimos como una red de protección de estos grupos. En distintas oportunidades hemos aclarado estos puntos a través de nuestra cuenta oficial de Twitter (@obsDDHHcl), sin embargo en reiteradas oportunidades nos han querido atribuir responsabilidad penal, principalmente nos molesta la conducta reiterada de los periodistas Gabriel Huber (Red TVN de Valparaíso), Verónica Torres (Canal Quinta Visión) y Salvador Schwartzmann (ignoramos lugar de trabajo), quienes han compartido información errónea y alejada de la realidad, cayendo en conductas tendenciosas y alejándose de la ética periodística. Las denuncias y los hechos puntuales por los que acusamos a estos profesionales están debidamente detalladas en la declaración que hemos enviado a sus jefes de prensa y/o correo de contacto, como también se han publicado en nuestro sitio web.

 4. También quisiéramos, denunciar públicamente al Honorable Diputado de la República por sindicarnos de manera expresa como cómplices de los encapuchados. Hecho del todo falso[5].

 Además, el Honorable Diputado (y el periodista Huber y Torres antes mencionados) ha manifestado que este grupo informaría a los delincuentes sobre el accionar del Carabineros en virtud de que damos cuenta de las patentes de vehículos policiales, el lugar en que se encuentran FFEE y, puntualmente, publicamos información sobre una orden que habría entregado el Ministro Burgos a Carabineros de realizar controles a todos los buses que abandonaran la ciudad de Valparaíso, luego de registrarse los lamentables hechos del 21 de mayo pasado.

 En esto nos detendremos un momento. Nuestro equipo decidió informar sobre aquel evento, toda vez que consideramos que aquella instrucción resulta ilegal y arbitraria. En efecto, el art. 85 del Código Procesal Penal autoriza a la policía a efectuar controles de identidad, pero esta facultad no es una atribución que ellos puedan utilizar de manera discrecional pues el mismo artículo establece los requisitos necesarios para que Carabineros despliegue dicha facultad dentro del marco jurídico. Uno de esos requisitos es que se trate de un caso fundado, es decir, que existan indicios que la persona sujeta al control hubiere cometido o intentado cometer un delito. Por lo tanto, se aprecia una total arbitrariedad en la medida extrema de seguridad que habría ordenado el Ministro Burgos, toda vez que no resulta lógico que se haya contado con indicios que todos los pasajeros de los buses hubieren cometido o intentado cometer un delito o pudieran suministrar información para el esclarecimiento de los hechos; dicho de otra forma, si lo que se buscaba con la medida era controlar la identidad de todos los pasajeros de buses interurbanos que abandonaban Valparaíso por los delitos de incendios producidos el 21 de mayo, resulta absolutamente ilegal, arbitraria y desproporcionada la diligencia pues la libertad de todos esos pasajeros no se puede restringir por el actuar delictivo de unos pocos, más aún si no se contaban con indicios precisos de que efectivamente uno de esos pasajeros en uno de esos buses le cabía algún grado de responsabilidad en los hechos delictuales mencionados. Por lo demás, si efectivamente se llevó a cabo dicha diligencia, resulta contraria a la garantía del Art. 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho a una investigación racional y justa[6] [7].

 En el mismo sentido, nos preguntamos ¿Por qué molesta que informemos éstas actuaciones de Carabineros? ¿No es acaso la transparencia un buen elemento para nuestra democracia? ¿Cuál es el inconveniente que informemos sobre las patentes de Carabineros y los lugares en que se encuentran? ¿No son los delincuentes los que deben actuar de manera subrepticia y no Carabineros?

 Aprovechamos la instancia para dejar en claro que NUNCA hemos pretendido frustrar labores preventivas, sino ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE informar sobre el actuar de Carabineros que, en el caso del registro de patentes de vehículos policiales y lugares en que se encuentran, ayuda para elaborar estadísticas que indican la proporcionalidad Carabineros vs. Manifestantes; en el caso de ciertas actuaciones de Carabineros, como la supuesta orden del Ministro Burgos, se informó porque –como se dijo- visibilizamos las ilegalidades cometidas.

 Además, llama la atención porqué Carabineros no realiza controles de identidad a los encapuchados, pudiendo ejercer dicha facultad sin siquiera existir el indicio mencionado con anterioridad (si el encapuchado se encuentra en situación de flagrancia, además, debe procederse de inmediato a su detención); o por qué Carabineros realiza controles de identidad de manera aleatoria e indiscriminada como en reiteradas veces los hemos denunciado en nuestro informes.

 Damos a conocer a la opinión pública que -desde ya- denunciaremos a nivel internacional las graves acusaciones de que hemos sido objeto por dañar nuestra dignidad e imagen pública, tanto de periodistas alejados de la ética profesional como del Honorable Diputado Fuenzalida. Éste último constituye una severa amenaza al ejercicio de nuestra función toda vez que él representa a uno de los Poderes del Estado y –como se ha señalado- nosotros monitoreamos al Estado.

Comisión de Observadores de DDHH

Casa Memoria José Domingo Cañas

FUNDACIÓN 1367