Observaciones a respuesta de Chile a EPU 2019

En días pasados el gobierno del Presidente Piñera, en representación del Estado de Chile, ha hecho llegar su respuesta a las recomendaciones que le fueron realizadas en el marco del Tercer Examen Periódico Universal (EPU) luego de la sesión sostenida ante el Consejo de Derechos Humanos y los Estados miembros de la ONU en Ginebra en enero del presente año. Las recomendaciones serán adoptadas oficialmente el 4 de julio durante el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Producto del diálogo constructivo entonces sostenido, el Estado de Chile recibió un total de 266 recomendaciones por parte de 101 Estados relativas al cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales y de los compromisos voluntarios suscritos en materia de derechos humanos. En su respuesta a ellas el actual gobierno decidió aceptar 211 recomendaciones, que constituyen un 79,32% del total, limitándose a tomar nota de otras 37 recomendaciones, correspondiente al 13,90%, en tanto no aceptó 18 recomendaciones que representan el 6,76% del total recibido.

Se trata del menor porcentaje de aceptación de recomendaciones por el Estado de Chile en el marco del EPU, y por lo mismo del mayor porcentaje de rechazo y observación a las mismas, desde su primer EPU, en el 2010, lo que no puede sino ser considerado como una mala señal para la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Así, en el 2do período del EPU (2014) Chile aceptó 166 recomendaciones (90,2%), tomo nota de 14 (7,6%)  y rechazó sólo 4 (2,17%).

El Ejecutivo tomó nota de recomendaciones referidas al proceso de ratificación de tratados internacionales; a la derogación del Decreto Ley de Amnistía; la prevención y sanción de posibles excesos por parte de las fuerzas policiales; la investigación pronta, imparcial y efectiva de denuncias de desapariciones forzadas; la lucha contra el tráfico y la trata de personas;  el aborto legal; la aplicación  sin discriminación de la ley antiterrorista; y a los derechos de todas aquellas personas que son expulsadas del país. Frente a varias de estas recomendaciones, señala que se basan en premisas que no corresponden a la realidad, o bien que existen proyectos de ley para abordar las recomendaciones que se le formulan, o que no puede comprometer el cumplimiento de dichas recomendaciones dado que ello es resorte del Congreso Nacional.
Esto último contradice la afirmación contenida en la misma respuesta que el Gobierno da a las recomendaciones del EPU, cuando señala que el Estado de Chile intervino en el tercer ciclo del EPU “representado por una delegación de alto nivel, integrada por representantes de todos los poderes del Estado”, lo que supone un compromiso de los mismos en el cumplimiento de las recomendaciones que se le formulen. Por otro lado, no puede escapar al conocimiento del Ejecutivo el que ante instancias como Naciones Unidas los Estados tienen una unidad y que, por lo mismo, no puede excusar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales alegando que ello depende de alguno de los órganos que lo integran.
En cuanto a las recomendaciones que no fueron aceptadas por el Estado de Chile, estas se refieren fundamentalmente a las siguientes materias:

– Implementar planes para combatir comportamientos de xenofobia, racismo,  discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia contra ciudadanos bolivianos por parte de las autoridades fronterizas en el desempeño de sus deberes en las fronteras internacionales (Estado Plurinacional de Bolivia) (125.37);
– Trabajar para eliminar y combatir la impunidad por actos de violencia cometidos por efectivos policiales, incluida la violencia sexual contra manifestantes pacíficos (125.74);
– Tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión pacíficas de todos los ciudadanos (125.87);
– Abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en el contexto de protestas sociales de los pueblos mapuche que buscan reclamar sus derechos (125.89);
– Promover normas que cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad respecto del uso de las comunicaciones y tecnologías para evitar la criminalización de protestas sociales indígenas (125.91);
– La despenalización del aborto en todas sus causales la interrupción voluntaria del embarazo, y evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia (125.126 y 125.127, 125.132, 125.133 125.130, 125.131 y 125.134);
– Revisar la Ley Anti Terrorista para remover su aplicación al activismo relacionado con las tierras indígenas (125.241);
Garantizar el respeto de los derechos humanos de los bolivianos en camino a los puertos del Pacífico (125.260)

 
Finalmente, el Estado identifica un conjunto de recomendaciones parcialmente aceptadas y parcialmente anotadas, entre las que se encuentran las referidas a la inapropiada reparación a víctimas de la dictadura por parte del Estado, frente a la que argumenta que ello no es compatible con el esfuerzo realizado por Chile en la materia; al establecimiento de una comisión independiente para la investigación y sanción de muertes y abusos en contra de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del SENAME, la cual, según la respuesta del Estado, ya está siendo realizada por el Ministerio Público; a la revisión de la ley antiterrorista, señalando que hay proyecto en el Congreso Nacional sobre la materia; y a la recomendación sobre un nuevo texto constitucional, señalando que no se prevé un proceso constituyente en el país.
Se trata en la mayor parte de los casos, de materias que concitaron mayor preocupación  de los Estados participantes en la sesión de Chile en enero pasado, sobre las que se concentraron la mayor cantidad de recomendaciones. Se trata también de materias en las que, desde enero pasado a la fecha, se han seguido verificando graves vulneraciones a los derechos humanos, como ha ocurrido en el caso de las personas migrantes, y de los pueblos indígenas, sus comunidades y miembros. Por lo mismo, la no aceptación de estas recomendaciones, además de contradecir la declaración que el Gobierno de Chile hace de su compromiso con el sistema universal de derechos humanos, y en particular con el Consejo de Derechos Humanos, formulada tanto en el diálogo interactivo de enero pasado como en su respuesta a las observaciones al EPU,  resulta muy preocupante.
Instamos al Gobierno a revisar los marcos normativos y políticas públicas teniendo presente las recomendaciones que se le han formulado en el marco del EPU.
Finalmente, exigimos al Gobierno la creación de instancias de monitoreo efectivo del cumplimiento de las recomendaciones que ha aceptado. Asimismo, exigimos que en estas instancias se considere la participación de sociedad civil, y en particular de aquellos sectores más afectados por situaciones de discriminación a que refieren las recomendaciones, entre ellos las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas y los y las migrantes.
4 de julio de 2019
 
Suscriben:
Consorcio TICCA
Movimiento de Acción Migrante- MAM
ONG Lumbanga
Mapuexpress
Observatorio Ciudadano
Corporación Humanas
Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio
Corporación Círculo Emancipador de mujeres y Niñas con Discapacidad (CIMUNIDIS)
Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas
Corporación Opción
Centro de Estudios de la Mujer (CEM)
Fundación Instituto de la Mujer
Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC)
Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR)
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
Observatorio de Violencia Institucional en Chile-OVIC
Colectivo Sin Fronteras
Coordinadora por Verdad y Justicia para Macarena
Defensoría Ambiental
Organizando Trans Diversidades OTD Chile
Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles
Comisión Ética contra la Tortura
Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI
Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile