Declaración Pública de Observadores DDHH: Torturan a menores

Los Observadores de Derechos Humanos de la Red de Sitios de Memoria y Organizaciones de Derechos Humanos, constituidos hace ya más de 6 meses, con el propósito de ejercer un control  desde la sociedad civil y establecer un registro de los procedimientos policiales utilizados ante la protesta social, declaramos ante la opinión pública  lo siguiente:

Entendemos como un deber de la ciudadanía organizada el ejercicio de cautelar el pleno respeto a los derechos humanos, la vigencia de la libertad de expresión, del derecho a reunión y a participar en manifestaciones públicas, todos ellos elementos esenciales de una sociedad democrática.

En lo que va corrido del presente año 2012, hemos asistido, en la región metropolitana, a un total de 5 movilizaciones, 4 de ellas convocadas por estudiantes de Enseñanza Media,  quienes reclaman su derecho a la continuidad de estudios y a la mantención de la matrícula en sus establecimientos educacionales desde donde han sido expulsados por haber participado en las movilizaciones del 2011, las que incluyeron la ocupación de los recintos educacionales.

La mayoría de estas manifestaciones convocadas a través de las redes sociales, han permitido a los Observadores de Derechos Humanos constatar un notorio cambio en el comportamiento de la fuerza pública policial, caracterizado esencialmente en esta ocasión por un desproporcionado uso de la fuerza que se deja caer sobre quienes sólo intentan agruparse para realizar una manifestación.

Del mismo modo, los medios disuasivos destinados a velar por el orden público, son sencillamente usados para la suspensión absoluta de toda manifestación, antes que ella misma comience, sin mediar ni desorden, ni ocupación de calles, ni suspensión de tránsito, sino todo lo contrario, es la propia fuerza policial quien desvía el transporte público y ocupa las calles con su dotación policial, vehicular y animal.

También hemos podido observar que Carabineros de Chile se ha equipado con material anti disturbios, usando especialmente gases que han provocado la caída de las personas al inhalarlos, causando en algunos casos, como hemos podido observar, la pérdida de conciencia.

A nivel de los procedimientos de detención hemos podido tomar constancia que los niños y niñas, en su mayoría menores de edad han sido objeto de violaciones graves en sus derechos humanos. El respeto a su integridad física y psíquica ha sido gravemente dañada por personal policial quien en reiteradas ocasiones ha reproducido contra varios menores, prácticas de torturas que creíamos desterradas del país, lo que incluye golpes en diversas partes del cuerpo, ataques sexuales a niños y niñas, amenazas, submarino en la taza del wáter, transgrediendo abiertamente la Convención Internacional Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y el Protocolo Facultativo de esta Convención; la Convención a los Derechos del Niño y la Niña, todos estos instrumentos ratificados por el Estado Chileno. También se ha transgredido la propia legislación nacional sobre los derechos y garantías de los detenidos y los derechos humanos fundamentales, declarados como parte insoslayables incluso por la Constitución vigente.

A la agresión física y psíquica, se agregan las reiteradas prácticas de no notificación a las familias de los menores detenidos en tiempo y forma, manteniéndolos en algunos casos privados de agua y de alimentos por largas horas, en medio de las altas temperaturas por todos conocidos.
Se agrega a esto, la no publicación y comunicación del listado de personas detenidas; el traslado de detenidos a diversas unidades policiales, a centros médicos desconocidos con supuestos médicos sin identificación que examinan a menores: lamentablemente son prácticas que se están haciendo cotidianas en el accionar policial ante los últimos intentos de protesta social.

Todo ello configura a nuestro juicio un cambio en el accionar de la fuerza pública y un nuevo procedimiento policial, deducimos ordenado desde el mando, frente a las demandas sociales que se manifiesten públicamente, dejando entrever con estos métodos la puesta en funcionamiento de facto, de los objetivos considerados en el proyecto de ley que pretende reprimir las manifestaciones públicas, iniciativa legislativa que aún se encuentra en trámite en el Congreso nacional.

Ante este escenario que se ha venido a constituir y que nada bueno auspicia para el país llamamos a:

A los parlamentarios de la república a no aprobar la ley actualmente en trámite que pretende reprimir las manifestaciones públicas y cuya lógica sólo busca la coerción de la libertad de expresión, restándole a la ciudadanía las garantías de sus derechos elementales.

A los padres y madres de menores detenidos apoyar a sus hijos e hijas ante el posible daño sufrido en los vehículos policiales, comisarías y recintos policiales, buscando apoyo profesional que les permita mitigar las secuelas de la violencia que han padecido.

Llamamos a las redes de abogados de derechos humanos a interponer demandas ante los tribunales de justicia para denunciar e investigar estos graves hechos y solicitar reiteradamente la ampliación de la constatación de lesiones por el SML de acuerdo al Protocolo de Estambul, instrumento legal y legítimo presente en nuestra normativa.

Llamamos a las organizaciones sociales movilizadas a instalar en sus instancias organizativas mecanismos de observación y resguardo de la integridad y derechos fundamentales de sus integrantes al momento de participar en movilizaciones.

Exigimos  al Gobierno de Chile a respetar los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de Derechos Humanos.

Solicitamos  a Carabineros de Chile  explicar ante la ciudadanía, a quien debe proteger, qué tipo de gases, con cuánta concentración, en qué situaciones y por quien ha sido instruido su uso, qué órdenes existen para utilizarlos contra los manifestantes.

Finalmente, exigimos  y reafirmamos la erradicación de las prácticas de tortura contra los detenidos, respetando sus derechos y los procedimientos establecidos toda vez que, en tanto  institución policial, sus integrantes son los primeros llamados a respetar la ley.

OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS  DE LA RED DE SITIOS DE MEMORIA Y ORGANIZACIONES DE DDHH
Casa Memoria José Domingo Cañas – Comisión Ética Contra la Tortura – Londres 38

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi – Colectivo 119, familiares y compañeros.

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Santiago de Chile 11 de febrero de 2011