Declaración Pública de Casa Memoria sobre situación en la Araucania
La Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, ex-centro de detención, tortura y exterminio, ante los diversos hechos sucedidos en la Región de La Araucanía, manifestamos lo siguiente:
Condenamos el episodio de violencia en que perdieron la vida el empresario Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay el pasado viernes 4 de enero en Vilcún. Consideramos que estos hechos deben ser investigados de manera independiente e imparcial por los tribunales de justicia y los organismos policiales, quienes deben actuar con la mayor eficacia para identificar a los responsables de estos hechos, juzgarlos de acuerdo a las normas aplicables y sancionarlos como en derecho corresponda. Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos hechos y a los responsables.
Rechazamos la permanente violencia política, policial, ideológica e histórica que afecta la Región de la Araucanía. La violencia como forma de resolución de conflictos solo agudiza las diferencias entre el Estado y el Pueblo Mapuche. La militarización de la zona no contribuye a establecer caminos de entendimiento sino que acentúa la criminalización y persecución hacia nuestros pueblos originarios.
El gobierno ha abordado la situación invocando la aplicación de la Ley Antiterrorista y disponiendo el reforzamiento del aparato policial que opera en la zona. Aplicar la Ley Antiterrorista y calificar de “terrorismo étnico” casos aislados de violencia es una medida desproporcionada e injustificada que está permitiendo la detención arbitraria de machis, loncos e integrantes de organizaciones indígenas, en algunos casos sin ajustarse a derecho.
Nos parece que el enjuiciamiento público al sindicar mediáticamente a “los Mapuches” como “violentistas”, “extremistas” y autores de los hechos de Vilcún es una medida imprudente y apresurada que han asumido personeros de gobierno, olvidando que debe ser la investigación judicial y policial que determine a los responsables de dichos acontecimientos.
Nos preocupa el clima de represión que se instala en la zona a través de los procedimientos en las detenciones selectivas, en los controles de identidad y en los allanamientos que conlleva a su vez una vulneración de derechos que trastoca la cotidianidad y provoca una tensión y presión psicológica en los lugareños de las comunidades. Los propios tribunales de justicia, en diversas resoluciones, han reconocido los excesos de las instituciones policiales y de sus agentes, y han ordenado a dichos organismos que se atengan a las disposiciones constitucionales y legales en su trato con las comunidades mapuche. Exigimos que se investigue y juzgue con el mismo celo a los carabineros que puedan ser responsables de uso excesivo de la fuerza en contra de las personas de las comunidades.
La fuerza policial tiene que guiarse por el marco jurídico civil vigente y la autoridad gubernamental no debe establecer medidas de excepción ni militarizar el territorio. El actual contexto del Pueblo Mapuche marcado por la desigualdad y la pobreza histórica exige tener voluntad política y trazar caminos de diálogo y de entendimiento con todos los sectores involucrados.
El gobierno de Chile tiene la responsabilidad y la obligación de defender y promover los derechos humanos. Todos los agentes del Estado, en sus tres poderes, tienen la obligación de respetar y proteger estos derechos.
Exigimos a las autoridades el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y el respeto de los instrumentos internacionales a las que ha adherido y ratificado el Estado de Chile. No puede haber seguridad sin el respeto a los Derechos Humanos.
En conclusión, reiteramos que las acciones del Estado se apeguen al Convenio 169 de la OIT que salvaguarda derechos indígenas, como la Declaración de la ONU sobre la materia, ambos aceptados por Chile.
Consejo Consultivo Casa Memoria
Observadores de Derechos Humanos Casa Memoria
Voluntarios Casa Memoria
Santiago, Ñuñoa, 12 de enero 2013.
