DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN ARGENTINA
DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN
ARGENTINA
Desde Casa Memoria José Domingo Cañas, sitio de memoria de Chile, expresamos nuestra más profunda preocupación y condena ante la brutal represión ejercida en Argentina el día miércoles 12 de marzo de 2025 contra manifestantes que ejercían su legítimo derecho a la protesta social. Las imágenes registradas por la prensa y organismos de derechos humanos evidencian un uso desproporcionado de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el uso de armas de energía cinética disparadas en ángulo recto (90°), lo que pone en grave riesgo la integridad física y la vida de las personas.
Denunciamos particularmente la violencia dirigida contra personas de especial protección, como adultas mayores y a quienes, en un acto de solidaridad, intentaron resguardar su seguridad frente a los ataques policiales. Así mismo, manifestamos nuestra alarma ante la situación del fotógrafo Pablo Grillo, quien fue alcanzado por una bomba lacrimógena disparada directamente a su cabeza por la policía, dejándolo
en riesgo vital. Nos preguntamos cuántas personas, que ejercían su derecho a la manifestación pacífica o simplemente se encontraban en el lugar, han resultado heridas por el impacto de perdigones u otros proyectiles letales.
Los hechos ocurridos en Argentina nos recuerdan la brutal represión vivida en Chile durante el Estallido Social de 2019 y la posterior Revuelta hasta el 2020, monitoreada por nuestra Comisión de Observadoras/es de Derechos Humanos, donde el uso sistemático de la violencia estatal dejó un saldo de personas muertas, mutiladas y gravemente heridas. Lo que ocurrió en nuestro país debería servir de ejemplo para evitar que estos crímenes se repitan en nuestra región. Sin embargo, vemos con preocupación que los patrones de represión se siguen replicando, amparados en la impunidad garantizada que se ha dado en Chile a ideólogos y perpetradores, sin reparación integral para las víctimas y legislando para levantar una estatua para el presidente que fue responsable de estas graves violaciones a los Derechos Humanos.
Recordamos a las autoridades argentinas su obligación de respetar y garantizar el derecho de reunión pacífica, tal como lo establece la Observación General Núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicha observación establece que las reuniones pacíficas constituyen un derecho fundamental que los Estados deben proteger, asegurando que las personas puedan expresar sus demandas sin miedo a represalias. Asimismo, señala que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad debe ser una medida extrema, proporcional y restringida a situaciones en las que sea absolutamente necesario. Disparar armas de energía cinética a la cabeza o al tren superior de los cuerpos es una práctica inaceptable, que viola los principios básicos de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Exigimos a las autoridades de Argentina una investigación inmediata, independiente y efectiva sobre estos graves hechos, con garantías de rendición de cuentas para todos los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. La impunidad solo perpetúa la violencia estatal y vulnera los principios democráticos.
Finalmente, expresamos nuestra total solidaridad con quienes se manifiestan y con el pueblo argentino, con los organismos de derechos humanos, la prensa y los fotógrafos, quienes arriesgan su integridad física y mental para proteger los derechos humanos y visibilizar la realidad de lo que está ocurriendo. La memoria nos ha enseñado que la lucha por la verdad y la justicia es un compromiso irrenunciable para la construcción de sociedades democráticas y respetuosas de los derechos humanos.
Casa Memoria José Domingo Cañas
Santiago de Chile, 13 de marzo de 2025