A la opinión publica nacional en relación al “Caso Bombas”

A pocos días de conocerse el fallo definitivo del llamado “Caso Bombas” las organizaciones de derechos humanos y los abajo firmantes, declaramos:

1 – En agosto del 2010, el Ministerio Público ordenó la detención de catorce personas, acusándolas de asociación ilícita terrorista y otros delitos. Durante  dos años familiares y organizaciones de derechos humanos hemos exigido justicia.

2 – Al  momento de la detención, se violentó a las personas, sus familias y sus derechos, sus hogares fueron allanados, sin consideración alguna por niños, ni mujeres embarazadas allí presentes, hubo destrozos de enseres e incautación de pertenencias entre las que se cuentan, computadores, cámaras fotográficas, ropa y hasta juguetes. Estas 14 personas permanecieron,  en la Cárcel de Alta Seguridad ocho meses, en condición  de incomunicados, bajo el régimen de extrema seguridad (sólo se les permitía permanecer una hora al día fuera de sus celdas). Estas medidas que buscaban doblegar la voluntad de los acusados a fin que se auto-inculparan, fue coronado con la extracción por la fuerza y sin su consentimiento, de muestras de ADN, constituyendo todos estos hechos, verdaderos actos de tortura.

3 – El Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo tener pruebas científicas e irrefutables en su contra, ninguna de las muestras tomadas a la fuerza arrojó coincidencia con los hechos investigados. Las evidencias mostradas por el Ministerio Público, a la fecha, han carecido de sustento legal para sostener que estas personas son responsables de los delitos por los que se les acusan. Pruebas presentadas por la fiscalía en representación del Ministerio del Interior han llegado, al límite de lo absurdo y  lo ridículo, imposibles de sostenerse y a ser vistas por una institucionalidad administradora de Justicia en el país.

4 – Por lo mismo, en octubre pasado, el Ministerio Público desistió de seguir adelante con la acusación de “asociación ilícita terrorista” que pesaba contra todos los detenidos. Por su parte, el juez Fernando Valderrama del Octavo Juzgado de Garantía, condenó a la Fiscalía Sur a pagar las “costas” del juicio. Más aún, recientemente, 9 policías pertenecientes a la LABOCAR y al GOPE desconocen sus supuestas firmas colocadas sobre informes de pericias presentadas como pruebas por parte de la Fiscalía.

5 – La mayoría de estos jóvenes fueron dejados en  libertad, luego del desistimiento del Ministerio Público de acusarles de asociación ilícita terrorista. Pese a todo, el Ministerio Público mantuvo los cargos de colocación de explosivos y otros delitos contra Mónica Caballero, Francisco Solar, Omar Hermosilla, Carlos Rivera, Gustavo Fuentes y Felipe Guerra.

6 – Luego de todo este tiempo en que hemos seguido de cerca el proceso y sin hallazgos en relación a la acusación, nos cabe la plena convicción que estos jóvenes han sido objeto de un montaje que, no sólo los ha encarcelado y torturado, sino que ha dejado en evidencia que esta forma de administración de Justicia está expuesta a los propósitos y caprichos propagandísticos del poder político, que en su afán de parecer exitoso ante el delito no ha escatimado en usar al Ministerio de Público, a los cuerpos de policías, a los Tribunales de Justicia, a un desfile de expertos y peritos y a un desconocido hasta ahora, cuantioso presupuesto, para acusar y juzgar a personas, cualquiera sean ellas, siendo este el peligro mayor, que podría enfrentar cualquier luchador social: ser objeto de un montaje diseñado y ejecutado desde el mismo Estado, el que se convierte claramente en un ente coercitivo y perseguidor de la ciudadanía por razones meramente ideológicas.

7- Por ello, llamamos a estar alerta porque el denominado caso bombas muestra la pesadilla en que el Estado puede convertir la vida de cualquier persona, más aún cuando esas personas son declaradamente contra-sistema y contra-cultura oficial; llamamos a los Diputados a exigir cuentas sobre los recursos financieros, humanos y materiales utilizados en juzgar a estas 14 personas con falsas pruebas; llamamos al Ministerio Público, especialmente, al Fiscal Nacional Sabas Chahuán, a terminar de una vez por todas con este absurdo caso que, le hace mal al Sistema de Justicia de nuestro país, daña la democracia en su definición más esencial y desacredita instituciones que son pilares de nuestra sociedad; es necesario, de una vez por todas, reconocer que estas personas son inocentes tal cual esperamos lo determine el Tribunal Oral en los próximos días, sepultando para siempre este montaje y dictaminando la absolución inmediata de todos ellos.

8 – A pocos días de conocerse el fallo definitivo del Tribunal Oral, que lleva este caso, llamamos a los  jueces, que en atención a los méritos expuestos públicamente durante el proceso, fallen en conciencia, haciendo abstracción de toda presión, venga de donde venga.
Es la hora de la Justicia y de cumplir a cabalidad con un derecho humano elemental que dice relación con que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad” y de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5º: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Firman:

Comisión Ética Contra la Tortura (CECT).

Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).

Londres38, espacio de memorias.

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

Casa Memoria José Domingo Cañas 1367.