Declaración Publica: por el cierre anticipado del año escolar del Instituto Nacional y el INBA

Esta medida es el resultado de un largo proceso de criminalización de las y los estudiantes secundarios. Proceso de criminalización convertido en una política gubernamental, iniciada al menos desde el año 2006, cuando el movimiento estudiantil secundario puso en marcha la Revolución Pingüina, apuntando al cambio de la constitución política como la forma de avanzar verdaderamente hacia una educación de calidad, igualitaria, gratuita, no discriminatoria. La respuesta constante de los sucesivos gobiernos, parlamento y clase política solo han sido mezquinas reformas que, en la práctica y hechos concretos, han mantenido un tipo de educación impuesto por la constitución de 1980, al servicio del modelo de economía de mercado imperante en nuestro país.

Es, frente a este modelo y la constitución política del Estado, que las y los estudiantes secundarios han generado un movimiento de Resistencia y Dignidad, a lo largo de estos últimos trece años. Este sentido de compromiso, actitud, decisión, coraje y movilización, en el ejercicio de sus derechos como niñas, niños y adolescentes estudiantes, es el que ha sido y es castigado, tanto por sucesivos gobiernos comunales, regionales y nacional, apoyados por los medios de comunicación tradicionales: radioemisoras, canales de televisión y prensa gráfica. La fórmula: criminalización.

La criminalización de las y los estudiantes secundarios trajo como consecuencias que en nuestra cotidianidad se perdieran los conceptos niñas, niños, adolescentes sujetos de derechos y fueran reemplazados por otros conceptos tales como delincuentes, terroristas. Así, entonces, se fue creando la imagen de un sujeto de castigo, de un enemigo interno, al que se le debía combatir por todos los medios.

Ciertamente hemos sido testigos, al igual que el conjunto de la población santiaguina y del país en general, que tanto el Instituto Nacional como el Internado Nacional Barros Arana, han sido dos colegios constantemente sitiados por las fuerzas especiales de carabineros, a lo largo de todo el presente año, con el respaldo político del propio alcalde Alessandri y la autoridad regional y nacional. Fue y es el control policiaco, devenido en militarización de estos dos establecimientos educacionales lo que puede ser una clara señal de advertencia para todos los demás colegios municipales de Santiago y, probablemente, de otras comunas.

Es por todo esto que repudiamos rotundamente la medida tomada por el alcalde Felipe Alessandri y la Seremi de Educación Región Metropolitana Bárbara Soto Silva; medida que no es sino una vulneración de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes rige por cuatro principios fundamentales: no discriminación; interés superior de la niña, el niño y el adolescente; supervivencia, desarrollo y protección; participación en decisiones que les afecten. Y específicamente el derecho a la educación, lo que implica: aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y capacidades intelectuales, físicas y sociales.

El cierre forzado del año escolar 2019, impuesto por el alcalde Alessandri y la Seremi de Educación, también vulnera y viola el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acerca del Derecho a Educación, que entre otros aspecto señala que “toda persona tiene derecho a la educación” y que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.”

Así, entonces, el derecho a la educación, contenidos tanto en la Convención de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescentes, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un derecho que se les niega a los estudiantes secundarios del IN y del INBA, cuyo responsables son el alcalde Alessandri y la Seremi de Educación.

Finalmente expresamos toda nuestra solidaridad, cariño y apoyo a los estudiantes del Instituto Nacional y del Internado Nacional Barros Arana; les decimos que estamos junto a ellos en el ejercicio de sus derechos, mediante la movilización en demanda que el Estado y gobierno les restituya y respete totalmente el ejercicio del derecho a educación de calidad, igualitaria, gratuita, así como también el irrestricto respeto a su dignidad como personas humanas.

FUNDACIÓN 1367
Casa Memoria José Domingo Cañas.