Comunicado: ante la promulgación del proyecto que tipifica el delito de tortura

Ante la promulgación del proyecto que tipifica el delito de tortura, las Organizaciones LEASUR ONG y Casa de la Memoria José Domingo Cañas, expresamos lo siguiente:
Nuestra satisfacción porque finalmente el Estado chileno, tras más de 27 años de demora, ha cumplido con la obligación internacional que asumió al ratificar la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes, consistente en tipificar como delito los actos constitutivos de tortura que sean ejecutados por funcionarios del Estado en el ejercicio de sus funciones. Aunque tardía, la tipificación de este delito mediante la modificación al Código Penal constituye un importante avance para que exista una adecuada sanción de estas conductas, como nos mandata el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Hemos constatado que los actos de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes se dan con una frecuencia y habitualidad alarmante en contextos de privación de libertad, tal como ocurrió con el reciente y mediático caso de Lorenza Cayuhuan, madre privada de libertad que dio a luz engrillada. En muchas ocasiones, la tortura se naturaliza a grado tal que pasa a ser una de las tantas brutales aristas de una realidad oculta, ignorada e institucionalmente abandonada..
No obstante, si bien la dictación de la ley que tipifica como delito los actos de tortura constituye un significativo paso, nos parece que el texto aprobado adolece de ciertas falencias, que se relacionan fundamentalmente con una definición más restrictiva de tortura que la que nos entrega el derecho internacional, y la imposición de penas que no se condicen con su gravedad; defectos que, a nuestro juicio, nos siguen alejando de lo prescrito en instrumentos internacionales de derechos humanos que regulan la materia, que buscan una sanción adecuada para este tipo de actos que atentan contra la dignidad humana.
Finalmente, hacemos presente que  una efectiva protección de los bienes jurídicos tutelados por este delito requiere con urgencia de la implementación de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (que hoy se encuentra en anteproyecto de ley), el cual debe ser activo, autónomo  e independiente, efectuar observaciones y visitas periódicas y sistemáticas de todos aquellos recintos donde se encuentren personas privadas de libertad. De esta manera, la protección no sería sólo posterior a los hechos delictivos, sino que se buscaría prevenir los actos de tortura en espacios favorables a su ocurrencia (como son las cárceles, hospitales psiquiátricos y comisarias, entre otros). En la definición, elaboración, implementación y fiscalización del este Mecanismo es imprescindible la participación como sociedad civil que venimos demandando.
 
En Santiago de Chile, a 11 de Noviembre de 2016